Alarmada por el crecimiento de la drogadicción y la insuficiencia de las políticas públicas para contrarrestar el flagelo, la Iglesia Católica -con el concurso de otras confesiones religiosas y de diversas organizaciones sociales- se apresta a lanzar en estos días una serie de acciones tendientes a la prevención de las adicciones mediante un mayor compromiso del Estado y de toda la sociedad.
La principal iniciativa es un anteproyecto de ley que crea un Programa Nacional de Educación y Prevención sobre Consumo de Drogas y Alcohol, y que será presentado este martes en la Cámara de Diputados. El texto fue elaborado por numerosas entidades en el marco del Foro "De Habitantes a Ciudadanos" a instancias de la comisión Justicia y Paz del Episcopado.
Según el anteproyecto, el programa funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y en coordinación con la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar). Consiste básicamente en trabajar en todos los niveles educativos con los docentes, los alumnos, sus familias y las organizaciones civiles en la prevención del uso indebido de drogas.
A su vez, la Acción Católica Argentina (ACA), la organización oficial de la Iglesia para la acción de los fieles, comenzará una campaña pública que apuntará primero a la prevención y luego a orientar sobre la rehabilitación y cómo denunciar los lugares donde proliferan las drogas. Para ello, se colocarán afiches y se distribuirán folletos en las principales ciudades del país.
La campaña se realizará bajo el lema "Probá no probar. La droga y el alcohol te matan. Elegí la vida". Fue presentada esta semana por el presidente de la ACA, Alejandro Madero, quien estaba acompañado por el titular de la Sedronar, José Granero, un severo crítico del proyecto de ley del Ministerio de Justicia para despenalizar la tenencia de droga para consumo personal.
Precisamente, también el Episcopado se opone a ese proyecto, posición que suscitó en su momento una dura réplica del titular del ministerio que lo propicia, Aníbal Fernández. Más aún: la Iglesia -como lo acaba de deslizar el obispo Jorge Casaretto- cree que el Gobierno, en vez de gastar esfuerzos en ese texto, debería privilegiar la prevención y el control del tráfico.
La enorme preocupación de los obispos por el crecimiento de las adicciones los llevó a fines del año pasado a difundir un severo documento en el que decían que "el narcotráfico se instaló en nuestro país, prospera con éxito, destruye familias y mata; nuestro territorio dejó de ser sólo un lugar de paso".
En sus considerandos, el proyecto que promueve la Iglesia no deja lugar a dudas: denuncia la carencia de políticas de prevención, de control de las fronteras, de los precursores químicos y de un buen acceso a los tratamientos de rehabilitación en los hospitales.
Felipe L.
Recibí Flores, Hoy
Hace 14 años
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